El colectivo de interinos en España viene afectado por décadas de precariedad laboral, lo que ha dado lugar numerosos debates en el ámbito político y social.

Los interinos, que trabajan en puestos temporales dentro de la administración pública, se enfrentan con una gran cantidad de problemas. Aunque muchos de estos empleados llevan años trabajando en puestos claves, su futuro sigue siendo incierta.

A lo largo de los años, las administraciones del Estado han puesto en marcha múltiples iniciativas para solucionar este problema. Sin embargo, gran parte de estas medidas no han logrado resolver el conflicto de base, dejando los interinos sigan laborando en condiciones inseguras. El último plan, conocido como el "Icetazo", buscaba reducir la temporalidad en el sector público, pero no ha logrado resolver la situación de todos los interinos.

Entre los elementos más criticados se encuentra la falta de claridad en los procesos de oposiciones. A menudo, se critica que los interinos llevan años en sus puestos, pero carecen de la posibilidad de convertirse en empleados fijos, lo que crea una sensación de descontento. Además, muchos de estos trabajadores interinos se encuentran en situaciones de abuso de temporalidad, cubriendo puestos estructurales que deberían ser permanentes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido un actor clave en la defensa de los derechos de here los interinos en España. Este órgano judicial ha afirmado que el abuso de la temporalidad es incompatible con el derecho comunitario. Como resultado de estos fallos, España ha adoptado algunos ajustes en su legislación. Sin embargo, estos modificaciones aún no han sido suficientes corregir la situación.

Una reclamación clave del colectivo es el poco valor que se da a su experiencia. Muchos de estos trabajadores han dedicado años al sector público, pero siguen sin recibir ventajas que disfrutan otros empleados con contratos fijos.

Para muchos, la clave a este problema pasa por el proceso de conversión de estos interinos en empleados fijos. Sin embargo, los opositores argumentan que priorizar a los interinos sin oposición abierta sería injusto, y que debe garantizarse la igualdad de acceso para todos los candidatos.|Por otro lado, hay quienes consideran que una solución rápida podría comprometer el principio de igualdad en el acceso a la administración.}

En definitiva, la situación de los interinos en España es compleja y necesita una respuesta inmediata. Solo con cambios estructurales y una mayor voluntad política, se podrá garantizar la estabilidad laboral de estos trabajadores que han dedicado gran parte de su vida al servicio público.